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EN GIRONA I FIGUERES

Los magistrados sostienen que “el fijo discontinuo es un contrato laboral atípico porque no garantiza trabajar durante la jornada anual completa”. Se trata de una consideración que, de acuerdo con la perspectiva del derecho europeo, impide que una empresa pueda cambiar el contrato de un empleado de indefinido a fijo discontinuo sin su aprobación. Los fundamentos que sostienen el pronunciamiento de los magistrados son que cuando la empresa despide al trabajador por su resistencia a la propuesta de modificación de su situación laboral “se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución”, puesto que ese despido “cercena toda posibilidad de reclamación contra la eventual unilateral decisión empresarial [...], y elude la protección frente a represalias de las que sí gozaría esa reclamación”.

El TSJ de Madrid extiende la doctrina marcada por el TS en febrero de 2018 sobre el control del correo electrónico laboral por parte de los empresarios a las conversaciones de whatsapp en los teléfonos móviles de empresa. El TSJM resuelve que la vigilancia por parte del empresario de las conversaciones de whatsapp mantenidas por el trabajador en el teléfono corporativo no vulnera el derecho a la intimidad ni el secreto a las comunicaciones. El TSJM señala que la compañía, cuando contrató a la empleada, le dotó de un ordenador y un teléfono móvil y, a pesar de que la empresa no impuso criterios de uso de los dispositivos informáticos que entregó a la trabajadora, sí incluyó que eran para uso "determinado por el contrato de trabajo", por lo que la Sala entiende que existe una "previsión exclusiva de uso profesional".

En marcha el nuevo Registro Central de Titularidades Reales, cuya creación y reglamento se aprobó el pasado mes de junio por Real Decreto. El objetivo del registro es centralizar en un único lugar toda la información sobre titularidad real de todas las personas jurídicas, entidades o estructuras sin personalidad jurídica (como los fideicomisos tipo trust) con sede o su principal actividad en España o que estén gestionadas desde nuestro país y así evitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El RCTIR aunará los datos que hasta ahora tenían los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Consejo General del Notariado o el Registro de Fundaciones de competencia estatal, entre otras fuentes. A partir de ahora se abre un periodo de nueve meses en los que estas fuentes tendrán que ir volcando los datos. Mientras que Justicia no apruebe la tasa por Orden Ministerial para su uso, el acceso será gratuito.

Así lo establece el TSJ de Canarias en un caso en el que una empresa dio de baja por dimisión a un empleado que no acudió durante tres días seguidos al trabajo sin justificación. En su lugar, el empleador podría haber sancionado ese incumplimiento de su obligación de trabajar con un despido disciplinario. Según el tribunal, “la dimisión [del trabajador] no puede basarse en indicios y presunciones, sino que debe patentizarse en hechos concluyentes que acrediten su intención de dar por finalizada la relación laboral y rescindir el contrato de trabajo”.